Colau contra Irene Montero: defiende que los dueños de los prostíbulos no acaben en la cárcel

Enfrentamiento dentro de Podemos. Ada Colau e Irene Montero han protagonizado este martes un serio encontronazo. La postura de la alcaldesa de Barcelona pasa por regular la prostitución para preservar el bienestar de las trabajadoras sexuales. Sin embargo, la ministra de Igualdad quiere la abolición de la prostitución y perseguir los prostíbulos. Las posturas antagónicas han chocado cuando la corriente En Comú Podem ha registrado una enmienda a la Ley de ‘sólo sí es sí’ que defiende Podemos en el Gobierno.

La confluencia que lidera Ada Colau ha promovido en el Congreso un cambio en la norma de Irene Montero para que no recupere el delito de tener habitaciones de hotel alquiladas para que las chicas se prostituyan. Se trata precisamente de uno de los puntos centrales del proyecto promovido por el Ministerio de Igualdad para acabar con estas prácticas.

En Comú Podem defiende que este cambio en el Código Penal «va en contra del espíritu de la norma» y, además, «reforzará el estigma de la prostitución y dificultará la distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada». El ala catalana de Podemos ya se había pronunciado otras veces a favor de una postura regulacionista de la prostitución, frente a su abolición que respalda Podemos. No obstante, este martes se ha escenificado el choque.

Pablo Echenique, tras enterarse de la enmienda, ha reconocido la existencia de esta discrepancia de calado sobre la prostitución. No obstante, defiende que hay un «amplio consenso» político y social para proteger a las mujeres luchando contra la industria proxeneta. El portavoz morado ha aclarado que la formación morada hará oídos sordos a la corriente de Colau y va a trabajar en la dirección marcada por el Ministerio de Igualdad en el proyecto normativo.

Los de Ada Colau quieren borrar los apartados 17 y 18 de la disposición que contempla modificar los artículos 187 y 187 bis del Código Penal. Ese punto establece penas de cárcel a los dueños de prostíbulos, así como el cierre del local.

Tres años de cárcel

La redacción del Ministerio recupera el concepto de «la tercería locativa», eliminada en 1995. Irene Montero apunta que «aquel que con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, o cualquier otro espacio a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona», será «castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura» del local.

Consideran que reintroducir este asunto despenalizado en 1995 «pone en riesgo a las personas que ejercen la prostitución, puesto que la penalización de este tipo de conductas ha demostrado efectos muy perjudiciales como la clandestinización de la actividad, peores condiciones de trabajo y dificultades en el acceso o, incluso, la pérdida de la vivienda».

«Son numerosos los organismos de Derechos Humanos que han recomendado la derogación de normativa que produce el efecto de criminalizar a las mujeres que ejercen la prostitución, como es el caso», concluye la enmienda.

No obstante, al mismo tiempo En Comú Podem defienden esta Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual por ser una «demanda histórica del movimiento feminista» y un «avance fundamental». Aunque no están de acuerdo con toda la norma, creen que coloca a España en «la vanguardia», al reconocer que las violencias contra las mujeres «es una cuestión de derechos humanos».

Por su parte, el PSOE está alineado con Irene Montero. El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió a «abolir la prostitución», como recoge la ponencia marco de su último Congreso. No obstante, al llegar a votación en el Congreso de los Diputados se fracturará el grupo de Podemos lo que puede abrir la puerta a que no salgan los planes de la ministra de Igualdad.